Ante una "institucionalidad fallida y el incumplimiento de los partidos" políticos, la sociedad civil de Panamá ha asumido la tarea de impulsar una Asamblea Constituyente Paralela, mediante la recolección de firmas que validen esta iniciativa, para reformar la Carta Magna de 1972.
Dos movimientos civiles ya constituidos consideran imperioso impulsar un nuevo contrato social para fortalecer y garantizar una marcada separación e independencia de los tres poderes del Estado, que consideran desbalanceados por el exceso de poder del Ejecutivo y la falta de fiscalización del Parlamento.
Panamá lleva años siendo estremecida por sucesivos escándalos: corrupción en el manejo del erario público a todos los niveles, una respuesta judicial calificada al unísono como impunidad, ineptitud en la gobernanza que se traduce en malos servicios públicos, y una desigualdad social que no cede terreno pese al crecimiento económico que marcó al país en las últimas dos décadas.
En ese contexto, el Movimiento de Justicia Social y Movimiento Panamá Decide se han propuesto recabar al menos 580.742 firmas o el 20 % del padrón electoral para respaldar la elección de una Asamblea Constituyente Paralela, lo que están contemplado en la Constitución Política creada en 1972 en el régimen militar (1968-1989) y reformada en cuatro ocasiones, la última en 2004.
Han tomado el testigo a raíz de que los partidos políticos se quedaron atrás en hacerlo, con los tres últimos Gobiernos que prometieron reformas constitucionales en sus campañas sin poder cumplir, dijeron a Efe los promotores de la iniciativa ciudadana.
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CONSTITUYENTE PARALELA
El Movimiento de Justicia Social ya está autorizado por el Tribunal Electoral para recoger las firmas y el Movimiento Panamá Decide trabaja en solicitar dicho permiso.
Ambas agrupaciones se decantan por la Constituyente Paralela como fórmula más viable, pues trabajará a la par de los poderes constituidos y sus decisiones no tendrán efectos retroactivos como los de una originaria.
Una vez autorizados por el Tribunal Electoral, los grupos civiles tendrán seis meses para reunir las firmas necesarias para poder hacer la convocatoria a la elección de los 60 miembros de la Asamblea Constituyente Paralela para reformar total o parcialmente la Constitución vigente.
El nuevo acto constitucional será sometido a un referéndum convocado por la autoridad electoral y, de salir aprobado, será ratificado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
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UNA INSTITUCIONALIDAD FALLIDA E IMPUNIDAD
Carlos Ernesto González, fundador del Movimiento Panamá Decide, señaló a Efe que esta iniciativa ciudadana de impulsar una constituyente surge porque la institucionalidad está "fallida, no funciona".
"(Los poderes del Estado y las instituciones de control) son parte de un sistema que conduce a la corrupción y al abuso de poder, y eso es lo que queremos cambiar", dijo.
La Corte Suprema de Justicia no sirve de contrapeso a los "abusos y excesos" del Ejecutivo y "más bien los amplía", el Ejecutivo "legisla y enjuicia", y el Legislativo se ha convertido en un "sistema chantajista" y no hace de equilibrio, argumentó González.
A esos argumentos, José Luis Galloway, líder del Movimiento Justicia Social, sumó la mala distribución de la riqueza como sustento de una constituyente que "refuerce la institucionalidad y el sistema democrático".
Las propuestas del Movimiento de Justicia Social confluyen con las del Movimiento Panamá Decide, pero dan un paso más con la revocatoria (anulación) del mandato presidencial.
También propone "acabar" con la "total impunidad" que genera el sistema actual en el que los diputados son juzgados por los magistrados de la Corte Suprema, y estos, a su vez, por los parlamentarios, en el juego en que finalmente "nadie se juzga".
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UNA TAREA ARDUA
"Las encuestas dicen que el 70 % de los panameños está a favor de una constituyente, el problema no es tanto convencer a los panameños, sino lograr que firmen. Entonces el proceso más complejo es organizar la logística necesaria para hacerlo", reconoció González.
Galloway precisó que el miércoles pasado su movimiento comenzó con la recolección de firmas "con todos los inconvenientes que ha habido", y llamó "a toda la población a que se anime y ponga su aporte, independientemente del bando político" al que pertenezca.
Recordó que la ley permite "unir las firmas" recolectadas por grupos distintos autorizados y que el movimiento que lidera "no tendría ningún inconveniente en hacerlo con cualquier otro grupo que esté caminando en la misma dirección".
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